Este miércoles, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (sí, esa a la que todo el mundo le prestaba atención cuando hablaba de Ayotzinapa), presentó un extensísimo informe sobre la situación de los Derechos Humanos en México. El grupo de 7 expertos encargados de presentar el informe de más de 200 páginas va mucho más allá de los hechos del 26 de septiembre del 2014. Entran en temas dolorosos para México: desapariciones forzadas, impunidad, extorsión, secuestros, homicidios, persecución de periodistas y activistas, crimen organizado, feminicidios, tortura, desaparición de migrantes, desaparición de mujeres, y prácticamente todos los temas que son «duros de tratar» en nuestro país.

La CIDH es dura con el Gobierno de Enrique Peña Nieto, a pesar de que fue a propia invitación del Gobierno Federal que acudieron al país para llevar a cabo este estudio tan necesario, así como las investigaciones de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, caso aún muy presente en el estudio, que se enfoca principalmente en la violencia ejercida por las fuerzas del estado, hacia civiles. Lo mismo con violaciones a derechos humanos que se cometen por parte de las fuerzas armadas, especialmente el ejército y la Policía Federal.

Una de las declaraciones que sin duda generarían más controversia en la política internacional de México, es cuando la CIDH afirma -como lo hizo el relator de derechos humanos de la ONU en su momento- que la tortura en México es «generalizada». Para quienes no lo recuerden, cabe mencionar que el uso de este término causó un gran «roce» de la cancillería mexicana -y la embajada en Suiza- con las Naciones Unidas, pues se refiere a que no sólo es una realidad, sino una realidad frecuentísima. La CIDH se une a esta fuerte declaración con estas palabras.

«La Comisión coincide con otros organismos internacionales (llámese la ONU) al señalar que en México la tortura es generalizada, y se presenta frecuentemente entre el momento de una detención -que suele ser arbitraria- y antes de que la persona detenida sea puesta a disposición de un juez».

Con este párrafo, la CIDH (y por consiguiente, la OEA) se une a la serie de organismos internacionales que han detectado que la tortura es un problema gravísimo en México, y que se practica un día sí y otro también. Para probar su punto, recuerdan que el 77% de las personas investigadas por los hechos de Iguala (todos recordamos los vídeos de las declaraciones) «mostraban lesiones corporales, un indicio, por lo menos, de la existencia de apremios ilegales y (…) torturas presentadas en su contra».

A esto se suma otro término que ha puesto a temblar a las autoridades: «Ejecuciones extraoficiales». Durante la audiencia pública que llevaron a cabo organizaciones de la sociedad civil en 2015, se recordó una cifra «de miedo» que informó la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Del 2007 al 2012, eventos de violencia entre militares y supuestos civiles, dejaron un total de 158 militares muertos… y
2 mil 959 «agresores» civiles, lo que significa que por cada soldado fallecido, murieron 18.7 personas. ¿Todos eran delincuentes? La CIDH destaca que la SEDENA no brindó evidencias.

Como complemento al tema de ejecuciones extrajudiciales, se narra cómo de las 52 recomendaciones que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por «vulneraciones al derecho a la vida», 3 de cada 4 estaban dirigidas a personal de la SEDENA y la SEMAR. Es decir, las fuerzas armadas más «salvajes» del Gobierno. Esos que niegan su participación en el caso de Ayotzinapa, donde la participación del estado a nivel municipal y estatal, ya ha sido probada.

En el tema de desapariciones la CIDH vuelve a usar la «palabra maldita», al asegurar que hay evidencias que sugieren que «las desapariciones son generalizadas en México». No solamente las cifras oficiales son alarmantes (28 mil desaparecidos o «no localizados» en el 2014), si no que sostienen fuertes declaraciones de que la cifra es mucho mayor. No basta más que ver el fenómeno que hay en prácticamente cada estado de la República, en donde los padres de los desaparecidos exigen al Gobierno no sólo que se resuelva el caso, si no su atención. Sí. El gobierno ni siquiera los atiende como se lo merece la madre, hermana, prima, sobrina o hija de una persona desaparecida.

Por ejemplo, en el estado de Querétaro, a mediados del 2015, las cifras oficiales arrojaban que había un total de 120 personas desaparecidas. Otros estudios encabezados por organizaciones como Amnistía Internacional, señalaban que eran más de 1 200 los casos de desapariciones en la entidad. Brenda Rangel, hermana de una de las víctimas, ha denunciado incansablemente estos hechos y la mala atención que ha obtenido de las autoridades. Hace dos años, del gobierno estatal priista. Hoy, de su sucesor panista. Y así se repite, al menos, en otros 5 estados. La CIDH resalta el caso de Nuevo León.

¿Por qué pasa todo esto? ¿Qué tan jodido está todo para que se plantee este terrible panorama? En una palabra: impunidad, y la ausencia de un marco normativo que pueda aplicarse a estos casos. Por ejemplo, la CIDH destaca la ausencia de una ley que regule el uso de la fuerza por parte de agentes del estado. Una de las conclusiones del grupo de expertos, es que todo este panorama surge del accionar de grupos del crimen organizado, la respuesta militarizada, y la captura de personas de uno y otro bando.

¿Qué se debe hacer? 

Con tan extenso documento, la respuesta no es simple. La CIDH concluye su estudio con un total de 80 recomendaciones a las autoridades mexicanas. Entre ellas, se destaca la creación de una Ley que regule el uso de la fuerza, el retiro de las fuerzas armadas de labores de seguridad pública, que las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos no se detengan al dar con los autores materiales, si no que continúen hasta llegar a quienes dieron la orden, fortalecer los sistemas públicos de información en la materia, que no se puedan utilizar confesiones obtenidas a través de tortura como evidencia ante el poder judicial, obligar a la milicia a recoger toda la información pertinente cuando sus acciones terminen con personas fallecidas y muchas, muchas otras…

Puedes leer aquí el estudio completo.

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