El coloso de la tecnología estadounidense, Microsoft, ha demandado al Gobierno de los Estados Unidos al considerar como inconstitucional que las empresas informáticas no puedan informar a sus clientes cuando sus datos o correos electrónicos han sido revisados a petición de la Administración.

Microsoft asegura que ha recibido en los últimos 18 meses más de 5 mil 500 peticiones de información por parte del Gobierno utilizando la ley de Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas y que en casi la mitad de los casos no ha podido informar a sus clientes de que los agentes federales inspeccionaban sus datos. 

«Esta mañana hemos presentado una demanda en un tribunal federal contra el Gobierno de Estados Unidos para defender los que creemos que son los derechos constitucionales fundamentales de nuestros clientes, derechos que protegen la privacidad y promueven la libertad de expresión», indica Brad Smith, principal asesor legal de Microsoft, en el blog oficial de la compañía. «Creemos que, salvo en contadas excepciones, los clientes y las empresas tienen derecho a saber cuándo el Gobierno accede a sus correos electrónicos u otro tipo de datos».

La demanda fue presentada en un tribunal federal de la ciudad de Seattle, en la costa oeste de Estados Unidos, donde la empresa tiene su sede. Esta demanda se suma a la lista de enfrentamientos entre empresas tecnológicas y el Gobierno. Apple, rival de Microsoft, mantiene un enfrentamiento con el FBI por el acceso a un teléfono iPhone de uno de los terroristas de San Bernardino.

«A pesar de eso, se está convirtiendo en rutinario para el Gobierno de Estados Unidos el emitir órdenes que exigen a los proveedores de servicios de correo electrónico mantener ese tipo de demandas legales en secreto», subraya Smith.

Microsoft considera que la situación ha ido demasiado lejos y que es hora de recurrir a los tribunales para que evalúen la situación. 

La empresa afirma que la demanda ofrece una oportunidad al Departamento de Justicia para crear una nueva regularización que establezca limites razonables en el uso de órdenes secretas.  «Presentar una demanda contra un Gobierno no es una decisión que tomemos a la ligera. Solo lo hacemos cuando creemos que están en juego principios fundamentales e importantes cuestiones prácticas», destaca Smith.