La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que preside María del Rosario Piedra Ibarra, afirmó que la Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del estado de Querétaro, no violenta el derecho humano al agua, ni otros derechos fundamentales.

El organismo nacional informó que desde el momento de la publicación de la ley, un equipo encargado de realizar el examen constitucional de las normas generales, se dio a la tarea de iniciar un estudio sobre la misma.

Dichas acciones fueron tomadas en atención a las diversas solicitudes que recibieron para la promoción de una acción de inconstitucionalidad en contra de esta normatividad, donde la principal preocupación es la posibilidad de que el servicio de agua potable sea objeto de concesión a favor de particulares.

«Además, conforme al artículo 115, fracción III, constitucional, los municipios tienen a su cargo diversas funciones y servicios públicos, entre los que se encuentra el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales», señaló.