El gobierno federal presentará un decreto para liberar a las personas que se encuentran en cárceles federales y que tengan más de 75 años de edad, también a aquellos que lleven más de 10 años privados de su libertad y sin sentencia, y a las personas que hayan sido torturadas.




En conferencia, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez manifestó que ella será la encargada de elaborar este decreto sobre las personas privadas de su libertad, en base a los siguientes puntos:

  • Internos en las cárceles que lleven más de 10 años sin sentencia y que cometieron un delito no grave.
  • Adultos mayores de 75 años que estén en las cárceles federales, que no hayan cometidos delitos graves.
  • Adultos mayores de 65 años con enfermedad crónico degenerativas, que no hayan cometido delitos graves.
  • Las personas que aleguen tortura y se compruebe con el Protocolo de Estambul.

Se planea que el plazo de liberación no será mayor al 15 de septiembre. La funcionaria mencionó que por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador no se puede permitir ningún acto de tortura ni de ningún tipo dentro de los penales.

“En este sentido vamos a caminar para presentarle al señor presidente el decreto de política carcelaria y de solicitudes que el gobierno hará a los jueces de ejecución para el beneficio de la prisión domiciliaria”.




De acuerdo con la Segob existen 220 mil 114 personas en las cárceles federales, de las cuales 94 mil 547 (43%) es población no sentenciada y 125 mil 567 es población sentenciada (57%).

“No es posible que se tenga una dilación en la administración de justicia de tal manera que tengamos una población privada de su libertad sin ninguna sentencia definitiva. En muchas ocasiones son los abogados que interponen los diversos recursos que están en su derecho, y que también esto dilata la resolución” concluyó la Secretaria de Gobernación.

Mientras el subsecretario Alejandro Encinas mencionó que el gobierno federal quiere terminar con la tortura en el país. “Si queremos erradicar la tortura -como una práctica regular que durante muchos años existió en nuestro país-, no podemos andar con medias tintas ni con duda. Cualquier persona, sea quien sea, haya sido objeto de tortura debe ser puesta en libertad de inmediato, y los torturadores deben ser castigados. Esta es una nueva política que está impulsando este gobierno”.




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