Realizar las acciones que ha implementado la Junta Local de Conciliación y Arbitraje provocaría destinar todo el presupuesto de la Universidad Autónoma de Querétaro al pago de jubilaciones, esto pondría en peligro a la institución, al punto de poder llegar a la quiebra, así lo aseguró el rector de la Universidad, Gilberto Herrera Ruiz.

La determinación que la autoridad laboral emitió para pagar 2.5 millones de pesos a 10 trabajadores agremiados al STEUAQ, quienes denunciaron una supuesta retención de su pensión.

La autoridad laboral cometió un error al expedir esa determinación, ya que existe una cláusula de complementariedad que indica que la Universidad tiene que garantizar el 100% del salario que el trabajador percibió en activo, por lo que impugnarán la determinación.

“No estamos de acuerdo con ello, ahorita lo que le cuesta a la Universidad, todos los jubilados son un poquito más de 700 millones de pesos al año, que es casi el 40 por ciento del presupuesto lo que se está yendo con los jubilados, entonces con esta resolución, que debería ser para todos, los 1,200 jubilados que tenemos, porque así ha trabajado la Universidad, significaría casi todo el presupuesto de la Universidad que se destinaría al pago de jubilaciones y significa cerrar espacios y demás”, comentó Herrera Ruiz.

Asimismo el rector explicó que hoy en día la UAQ destina cerca de 700 millones de pesos al año en el pago de las jubilaciones, de esta cantidad, el 60% es otorgado por la Federación a través de la Secretaría de Educación Pública, y el otro lo cubre la Universidad.

“Ellos argumentan que el dinero está etiquetado, pero recuerden que la SEP nos dice que la política salarial es del 3 por ciento y la Universidad hace su esfuerzo y da el 4, por lo que ese punto lo cubre la Universidad,  de tal manera que la SEP a un profesor de tiempo completo reconoce 30 mil de los 50 mil de pensión, entonces todo lo demás lo tiene que poner la Universidad, entonces la SEP sólo subsidia el 60% de su ingreso, no nos reconoce el 100%”, agregó el rector.

De los 1,200 jubilados con los que cuenta la Universidad, actualmente 130 trabajadores y profesores han demandado a la institución por la aplicación de la cláusula de complementariedad, tema por el que también han ganado 21 casos.