La evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2020, que realiza el Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, entre ocho países de la región, dio a México una calificación casi reprobatoria en la implementación de sus políticas anticorrupción debido a la falta de aplicación de las leyes en la materia, la baja capacidad institucional y la falta de independencia de las autoridades anticorrupción.

El estudio a cargo del Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados de Nueva York, México fue calificado con un 5.51, en una escala en la que la máxima puntuación es 10, que se aplica con base en la visión de profesionales del derecho dedicados al tema de anticorrupción.

El estudio se encargo de evaluar la implementación de políticas anticorrupción de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Panamá y Perú, entre los que destacó Chile con la puntuación más alta y Guatemala, como el país con puntuación más baja.

Los abogados consultados en el estudio trabajaron en diversos sectores: firmas de abogados, empresas, academia, organizaciones de la sociedad civil. El documento explica que, a diferencia de otros esfuerzos, este estudio no se enfoca en medir la corrupción o la percepción de la corrupción, este estudio se enfoca desde la práctica jurídica para analizar los esfuerzos legislativos, regulatorios y el marco institucional para prevenir, sancionar y combatir la corrupción.




La evaluación incluye una revisión en siete aspectos: corrupción en el sector público y privado, mecanismos de denuncia y protección a denunciantes/alertadores, autoridades especializadas, mecanismos de coordinación institucional, participación de la sociedad civil y transparencia y acceso a la información.




La baja calificación que obtuvo nuestro país se basa de acuerdo con el estudio en que ha sido difícil la aplicación de las leyes o regulaciones anticorrupción, debido a una falta de especificidad, claridad o definición en relación en relación con otras legislaciones o regulaciones. La falta de aplicación de dichas leyes o su aplicación basada en líneas políticas.




Los abogados señalaron que identifican una falta de independencia de las autoridades anticorrupción y una baja capacidad institucional, en parte debido a una alta influencia política. También mencionan que en México existen mecanismos de prevención de la corrupción, como en el caso de las contrataciones públicas, pero que estos no son suficientes, pues la autoridad busca excepciones para llevar a cabo adjudicaciones directas que son un espacio importante para la discrecionalidad y la corrupción.




La evaluación consideró que el programa promovido por la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción y que es promovido por el actual gobierno es insuficiente y debería operar a nivel nacional y no ser únicamente para la Secretaría de la Función Pública (SFP).




Los especialistas destacan que en México no existe la previsión de compensaciones económicas por la realización de reporte o alerta, ni por la recuperación de activos del Estado como consecuencia de las denuncias o alertas de ciudadanos. Los abogados calificaron como baja la capacidad institucional de los organismos públicos facultados para prevenir, investigar y perseguir actor de corrupción.

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