En una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, 59 países firmaron ayer una declaración conjunta en la que condenaron la violación a los derechos humanos en Nicaragua e instaron a la celebración de elecciones libres y a la “liberación inmediata” de los opositores detenidos.

“Compartimos las preocupaciones de la Alta Comisionada (de Derechos Humanos Michelle Bachelet) sobre Nicaragua, incluyendo la persistente impunidad de las violaciones de derechos humanos desde abril de 2018 y los continuos informes de detenciones arbitrarias. El gobierno debe garantizar la protección de los derechos humanos y hacer rendir cuentas a los responsables” señala la declaración.

El texto, que no fue firmado por México y Argentina, agregó que “instamos al gobierno a cesar el acoso a periodistas y defensores de los derechos humanos y a permitir que las organizaciones de la sociedad civil operen en entornos seguros y propicios, sin temor a represalias”.




México y Argentina, que se habían ofrecido como facilitadores de un posible diálogo con el presidente nicaragüense Daniel Ortega y se abstuvieron de firmar la semana pasada una resolución de condena en la OEA, llamaron el lunes a consulta a sus embajadores en Managua ante lo que calificaron como “preocupantes acciones políticas-legales” del gobierno sandinista.

El subsecretario para América Latina y el Caribe de la cancillería, Maximiliano Reyes, dijo que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador espera “una rectificación” de las autoridades de Nicaragua y no descartó aumentar la presión diplomática.




La votación en Ginebra se produjo horas después de que la organización Human Rights Watch (HRW) instara a la ONU a “incrementar presión” sobre el gobierno de Ortega para revertir la “campaña de violencia y represión” y asegurar elecciones democráticas el 7 de noviembre.

En un informe “Arremetida contra críticos en Nicaragua”, HRW recomendó a la ONU invocar el artículo 99 de su Carta para tratar el tema “como una crisis de gran magnitud, que involucra graves violaciones de derechos humanos y que podría afectar la estabilidad en la región”




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