Por: Miguel Ángel López

La profundización de la pandemia de la COVID-19 ha afectado severamente el trabajo de las personas tanto en el sector formal como el informal. A raíz de que las personas pierden sus trabajos formales y que las medidas del confinamiento y de distanciamiento social aumentan, el transitar hacia la economía informal se presenta como una alternativa para que las familias puedan obtener ingresos que les permitan hacer frente a esta crisis social.

Se entiende como trabajo informal a aquellas actividades que tienen valor en el mercado y que sí se registrarán en el sistema tributario aumentarían los ingresos al Producto Interno Bruto (PIB). En México el empleo informal representa un porcentaje significativo en el mercado laboral, incrementándose aún más a medida que la crisis de la COVID-19 se profundizó. Un importante número de personas que sufrieron la pérdida de su puesto de trabajo, por el cierre de empresas y/o recorte de personal, recurrieron a las actividades productivas informales como una red de seguridad, ya que muchos de ellos no se pudieron reincorporar al empleo formal, esto debido, entre otras cuestiones, a la falta de preparación o de competencias.

En Querétaro existe una tasa de informalidad laboral del 40.9% para el cuarto trimestre del 2020, presentando un incremento de 0.9%, que en el mismo período del año 2019.  En lo que respecta a la población desocupada, según los datos de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE), para el primer y tercer trimestre del 2020 la población desocupada de 15 años y más, se incrementó considerablemente al pasar de 32,954 a 71, 732 personas que no cuentan con un trabajo formal.

La pandemia no sólo ha llevado a un aumento del trabajo informal, sino que ha provocado que estos sean más precarios, ya que suelen ser menos seguros, mal remunerados y en ocasiones menos productivos.

Surge una incertidumbre, tanto para trabajadores como para empleadores, y el riesgo está en que las empresas se inclinen por contratar menos personal permanente, con esquemas de contratación variada y recurran a más mano de obra barata, con períodos de contratación definidos o cortos y, por lo tanto, sin prestaciones de seguridad social, lo que vuelve más vulnerable al empelado ante las crisis.

Al respecto, un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI) señala que combatir la informalidad depende de un conjunto de características y políticas específicas de cada país, sin embargo, propone cuatro principios rectores:

  1. Mejorar el acceso a la educación y su calidad es, probablemente, el medio más eficaz por sí solo para reducir la informalidad.
  2. El diseño del sistema tributario debería evitar crear involuntariamente mayores incentivos para que particulares y empresas permanezcan en el sistema informal.
  3. Las políticas para mejorar la inclusión financiera promoviendo un mayor acceso a servicios financieros formales (o bancarios) pueden contribuir a reducir la informalidad.
  4. Una serie de políticas estructurales pueden ayudar a crear mayores incentivos y a reducir el costo de la incorporación al mercado formal.

La reducción de la economía informal ha sido un objetivo importante dentro de las políticas públicas de los gobiernos y la mejor forma de combatirla, es diseñando políticas adecuadas a las nuevas necesidades del mercado laboral, mayor inversión en educación y capacitación, creación de empleos de alta calidad, que permitan aumentar la productividad de los trabajadores y así, proporcionar oportunidades económicas dignas a sus habitantes. Sin embargo, es claro que hoy por hoy, la informalidad es la única fuente viable de ingresos para millones de personas.