El reportaje “Un acto de corrupción disfrazado de modernidad”, publicado en la revista Proceso, da cuenta de cómo el alcalde de Corregidora, el panista Roberto Sosa, permitió el cambio de uso de suelo de 10 hectáreas de El Batán para que se puedan construir inmuebles de 4 niveles.

El reportaje, que puede ser consultado aquí, se señala que se cambió el uso de suelo de campestre habitacional, como estaba desde 1991, a habitacional y de servicios, lo que permitirá la construcción en la zona.

En total, se cambiaron usos de suelos de tres polígonos que suman las 10 hectáreas: uno de comercio y servicios para 304 viviendas y giros compatibles, otro habitacional para 105 viviendas, y uno más habitacional para 185 viviendas.

Los 594 inmuebles podrán tener una altura de 4 pisos, de acuerdo al reportaje.

Ante ello, el alcalde se excusó diciendo que fue un tema que se venía manejando desde 1991.

“En ese momento lo que aprobó el Ayuntamiento fue el cambio de uso de suelo de forestal, que se renia anteriormente, a campestre habitacional, ahora nosotros lo pusimos en medio, en habitacional», indicó el alcalde. Este nuevo cambio, destaca Proceso, es el que permitiría la construcción de fraccionamientos y negocios del pulmón queretano.

Cabe recalcar que el dueño del proyecto y principal impulsor del cambio de uso de suelo es el empresario Luis Alfonso García Alcocer, un primo hermano del ex-gobernador priísta Mariano Palacios Alcocer, quien era gobernador cuando se dio el primer cambio de uso de suelo, en  1991.

Además del cambio de uso de suelo, la administración de Sosa Pichardo aprobó incrementar la densidad recomendada de 40 habitantes por hectárea, como se señala en el decreto de 1991, a 300, lo que implica que se aprobará la construcción de edificios de hasta 4 pisos.

Desde el 2013, el Batán es una reserva ecológica, habiendo sido declarada como tal para garantizar el flujo de bienes y servicios ambientales necesarios para la salud, la preservación de la biodiversidad, la regulación del clima, la infiltración del agua, la reducción de riesgos de inundaciones, y en última instancia, propiciar una mejor calidad de vida para los habitantes.

Sin embargo, este decreto no afectó al empresario Alfonso Alcocer, quien metió un recurso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resultó a su favor. Ahora, el señor Alcocer tiene 10 hectáreas listas para urbanizarse, que además están rodeadas de una reserva ecológica.

Incluso, en noviembre de este año, se presentó un proyecto de parque ecoturístico en la zona.