Multas de hasta 150 mil pesos propone el diputado priísta Edgar Romo García a aquellas instituciones bancarias que hagan uso de sus bases de datos para realizar ventas a sus usuarios.

De acuerdo con el diputado, si los clientes han manifestado su deseo de no recibir información vía telefónica o por correo y se infringe el acuerdo, se deberían implementar sanciones contra las instituciones bancarias por entre 18 mil 872 y 150 mil 980 pesos.

Destacó que en ocasiones se reciben llamadas telefónicas que pueden calificarse como molestas pues se realizan a altas horas de la noche o en un horario inapropiado.

Realizó un llamado a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). Para respaldar los derechos de los usuarios y hacer efectiva la garantía de seguridad jurídica planteada en el artículo 16 de la Constitución.

De hecho, estas dos instituciones reciben constantemente quejas de los usuarios haciendo referencia a las llamadas telefónicas de los servicios bancarios, en 2017 se registraron en total 2 millones 381 mil 523 quejas en este sentido.