Entrevista con Santiago Nieto
Recordemos que en 2008, México realizó una reforma constitucional en materia justicia penal de gran calado, que implicó en esencia, la transición de un modelo procesal mixto, con rasgos predominantemente inquisitivos y contradictorio con un Estado Constitucional de Derecho, a un sistema procesal opuesto, de corte acusatorio, orientado a respetar el debido proceso y los derechos humanos, y que ulteriormente derivaría, de acuerdo el mandato constitucional, en la transformación de las procuradurías de justicia del país en fiscalías, con el objetivo de establecer la independencia de su función como parte acusadora y convertirlas en entidades autónomas del poder ejecutivo; sin embargo, no hemos entendido del todo que la autonomía del Ministerio Público radica en la nueva función que desempeña como órgano acusador y no en una autonomía orgánica malentendida, y los resultados no se han visto reflejados para garantizar el derecho pleno de acceso a la justicia, si tomamos en cuenta que la cifra de impunidad a nivel nacional oscila en el 94% de los casos, y los altos niveles de cifra negra en 93.3%.
A mi parecer, los principales problemas de nuestro modelo de justicia son la corrupción y la impunidad. El primero de los casos está vinculado con el ejercicio de la acción penal y la dilación de los casos, los cuales no caminan a tener una resolución expedita y, por lo tanto, justicia que no es pronta ni expedita, no es justicia. El segundo de los casos, además de las cifras oficiales que retratan el preocupante nivel de impunidad en el país, tiene que ver con la despresurización del número de asuntos que llegan a conocimiento de Ministerio Público y la poca iniciativa de utilizar las herramientas que ofrece el propio sistema, como los mecanismos alternativos de solución de controversias y las formas anticipadas de terminación del juicio, para dar conclusión a los mismos; por tanto, la sobresaturación de las cargas de trabajo son una abrumante realidad, lo que impide seguir avanzando en una fiscalía de segundo nivel que se dedique a estudiar los fenómenos delictivos y no caso por caso. Y para ello, se requiere también de información sistematizada de la incidencia delictiva para la toma de decisiones, con sistemas computarizados efectivos que faciliten la captura y el acceso a la información, pero de los cuales una mayoría de las fiscalías en el país carecen. En ese tenor, es necesario el uso de innovaciones tecnológicas para hacer investigaciones con un perfil más científico, empleando la inteligencia, financiera, por supuesto, pero también táctica y operativa, y ello requiere de una inversión de recursos.
El funcionamiento del sistema de justicia penal involucra no solo la actuación del Ministerio Público y sus auxiliares, sino que compromete a diversas instituciones del Estado, desde los poderes judiciales e instancias de seguridad, hasta legisladores y titulares de los gobiernos, pues entender el sistema de justicia como un conjunto de instituciones aisladas desvirtúa su naturaleza sistémica y dificulta la adecuada coordinación, además de generar tensiones institucionales, ya que a cada una de estas instituciones se la deja sola frente a sus propios objetivos, así como a diferentes formas de abordar los retos y problemas comunes. La política criminal de estado implica seguridad, prevención del delito, procuración e impartición de justicia, ejecución de sanciones, y por supuesto, procesos de transparencia y rendición de cuentas.
En el estado de Hidalgo, con la llegada del gobernador Julio Menchaca, se dio inició al proceso de transición de este modelo, y después de 12 años de la Reforma, la Procuraduría General de Justicia del estado Hidalgo ya trabaja como una Fiscalía, pues aun cuando todavía no se cuenta con la reforma legal y la declaratoria de Fiscalía, ello no ha sido impedimento para generar los cambios internos que requiere la institución para dar resultados a la sociedad hidalguense. El reto principal de este año es consolidar la transición de la procuraduría hacia una Fiscalía autónoma y sentar las bases de un modelo de justicia efectivo y cercano a la ciudadanía.
Lo anterior implica, redoblar esfuerzos para abatir por completo el enorme rezago que existe, al mismo tiempo que se eleva la efectividad de la resolución de los casos que se investigan, a través del incremento de los casos judicializados y el fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Se hace necesario desarrollar un servicio profesional de carrera y capacitación y profesionalización permanentes, conocimiento y trabajo constante van de la mano; la creación y operación de un centro de identificación humana en el Estado vinculado con la desaparición de personas generalizada en nuestro país; así como echar andar el Plan de Persecución Penal 2023.
Y un tema fundamental, sin duda, es el combate a la corrupción, como el caso de la “Estafa Siniestra”. A un mes del cambio de gobierno en el Estado de Hidalgo, se detectó la existencia de una presunta red de corrupción en el estado, donde hay diversos alcaldes involucrados y mediante la cual se operó el desvío de más de 500 millones de pesos. El desvío funcionaba a través de un modelo donde los recursos públicos estatales bajaban a los ayuntamientos de manera irregular. Los municipios entregaron este dinero a empresas fachada, que también habían sido contratadas por dos secretarías del gobierno estatal, durante la pasada administración. La investigación continúa abierta, y se ha dado captura a tres de alcaldes vinculados con el caso.
La investigación de este tipo de delitos de cuello blanco hace necesaria la operatividad de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) para la obtención de primera mano de información patrimonial y económica existente en las diversas instancias de la entidad, a fin de analizarla y transformarla en información de inteligencia para detectar, prevenir y combatir esta clase de delitos, y con ello, debilitar las estructuras financiadoras de recursos de la delincuencia en el Estado.
Finalmente, quisiera destacar que, iniciada la presente gestión, a partir del 1 de septiembre de 2022, al 31 de diciembre de 2022, en cuatro meses, se han judicializado 2,329 carpetas de investigación, cifra superior al total de los primeros 8 meses del año, con 2,219. Aun cuando existan limitaciones materiales, económicas y humanas, no tengo duda que, si existe la convicción de generar un cambio en la forma de hacer las cosas, y hay voluntad política, se dan los resultados deseados. Hay mucho por hacer.
