Revista

¿País feminicida?

Por la Dra. Lisdey Espinoza Pedraza

Se estima que a nivel mundial aproximadamente el 35% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia de género. México, donde las mujeres y niñas suman poco más de 64 millones, alrededor del 60% de la población, no es una excepción. Un promedio de 10 mujeres son asesinadas al día en México. No hay cientos, sino miles de casos que no se denuncian, debido a los altos niveles de impunidad; la estigmatización de las víctimas; el sistema judicial que perpetúa la victimización de las mujeres; y la total incapacidad del Estado para fortalecer el estado de derecho.

El número de feminicidios en México ha aumentado más de 135% del 2015 a la fecha. La realidad no era mejor antes. En la década de los 90’s, México se convirtió en un referente mundial en violencia de género tras la serie de asesinatos en Ciudad Juárez, que cobraron la vida de casi  400 mujeres y niñas. De 2018 a la fecha van 17,776 mujeres asesinadas: Más de 3500 cada año,  300 al mes y 10 al día, ocasionando que México ocupe el vergonzoso segundo lugar en violencia de género en América Latina, solo superado por Brasil.

Nuestro país llega también muy tarde a la tipificación de esta violencia. En 2007, se aprobó una ley de género que tipificó el feminicidio como un delito con pena obligatoria de 20 a 60 años de prisión. Se incorpora como una categoría distante en el código penal en 2012 y Junto con esta legislación, se emitió un Programa Contra la Violencia Específica de Género, y desde 2015 se ha instituido en 18 de los 32 estados de México. Esto significa que el 56% del país se considera inseguro para las mujeres. La falta de clasificación uniforme del feminicidio en las diferentes estancias de justicia del país también complica el cálculo real del número de feminicidios.

México carece de aplicación de las leyes contra la violencia de género. La simple tarea de solicitar justicia aquí es desalentadora, agotadora y, a menudo, se mezcla con la misoginia y el sexismo de los representantes del gobierno. Las mujeres que deciden denunciar un delito se encuentran muchas veces con preguntas y exámenes humillantes, burocracia interminable e incredulidad de las autoridades.

Esto por sí solo juega un papel importante en cuanto a por qué las mujeres a veces prefieren guardar silencio que hablar sobre los ciclos de violencia que a veces han durado décadas de sus vidas. La violencia contra las mujeres se está normalizando y también institucionalizando. 

La administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha pasado por alto con demasiada frecuencia las medidas más básicas para garantizar la seguridad de las mujeres. En algunos casos, sus políticas han llegado a socavar por completo las bases sociales, legales e institucionales que permitirían la eliminación de la violencia de género. El presidente ha recortado sustancialmente la ayuda a los programas destinados a ayudar a las mujeres y a cientos de organizaciones que protegen a víctimas de la violencia de género. Lo cual imposibilita que las mujeres puedan romper patrones de dependencia económica. 

Si bien es cierto que no existe una panacea para abordar y resolver la violencia de género, si existen requisitos previos que ayudan a proteger a las mujeres y evitar su total indefensión. Toda política pública deben apuntar a proteger y empoderar activamente a las mujeres. No basta con promulgar leyes más estrictas y castigos más elevados si todavía se pueden cometer feminicidios debido a las interminables disparidades sociales y económicas.

El feminicidio se puede prevenir si el gobierno hace lo que se supone que debe hacer: proteger, entregar, prevenir y sancionar. Existen dinámicas sociales y culturales en México que permiten y condonan la violencia contra las mujeres. No se trata simplemente de una consecuencia natural del incremento en la inseguridad en México: el machismo arraigado, un sistema judicial ineficiente y la alta impunidad; permiten la reproducción de este ciclo de violencia. Cualquier medida encaminada a prevenir la violencia de género resultará inútil cuando las mujeres sigan estando en situación de impotencia institucional. 

A pesar de que AMLO asumió la presidencia con la promesa de empoderar a los más vulnerables, su administración ha derribado gran parte de la infraestructura social para apoyar a mujeres en ciclos de violencia. En 2019, el primer año de la actual administración, los asesinatos alcanzaron un récord. A pesar de haber sido cuestionado sobre sus planes para revertir esa tendencia, no se ha comprometido a acciones concretas y específicas a cuatro años de su gobierno. Tanto él como su partido político, MORENA, culpan al neoliberalismo del actual aumento de la violencia contra las mujeres. El neoliberalismo no mata a las mujeres, lo que lo hace es un conjunto de iniciativas fragmentadas y la miopía e ineficiencia de su gobierno para garantizar que se cumplan las leyes. En México, las políticas públicas tienen fecha de caducidad, no hay visión de largo plazo ni voluntad para cooperar entre partidos políticos para resolver la inseguridad. 

El presidente no se ha dado cuenta de que más de la mitad de la población mexicana sufre acoso sexual, violencia física, tocamientos y miradas no deseadas, violaciones y asesinatos a diario. El presidente no se ha dado cuenta de que más de la mitad del país no es seguro para las mujeres. El presidente no se ha dado cuenta de que las mujeres no se sienten seguras caminando por las calles, usando el transporte público e incluso en lugares que se supone que son espacios seguros: escuelas y sus propios hogares.

Cuando el presidente se dé cuenta de esto, entonces entenderá por qué las mujeres mexicanas están saliendo a la calle, exigiendo acciones concretas para ofrecerles lo que legalmente les corresponde: Protección y respeto a sus derechos fundamentales.

La violencia contra las mujeres no debe verse como un incidente aislado, sino como parte de un patrón más amplio de relaciones patriarcales que caracteriza las estructuras sociales en México; por lo tanto, abordar la violencia debe ir más allá del marco legal. Es necesario desmantelar las estructuras sociales que permiten el pensamiento y el comportamiento misógino generalizados.  Ni una familia más debería tener que pasar por el dolor de una hija, madre, hermana, esposa, prima, tía, pareja o amiga golpeada, asesinada, violada o desaparecida por la ineptitud del gobierno y la perpetuación de políticas que simplemente no arrojan resultados positivos.

Artículos relacionados

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button