La mafia existente dentro de el penal Topo Chico en Monterrey

Antes del conflicto en el penal Topo Chico en Monterrey, distintas organizaciones ya le habían pedido al gobierno de Nuevo León, llevar a cabo una organización del penal. La primer petición fue por parte de la Sección Segunda de la Séptima Zona Militar, la segunda por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la última por Organizaciones de Derechos Humanos.

Ninguna de las advertencias había sido considerada por el ex gobernador Rodrigo Medina; se mencionaba que el Penal del Topo Chico estaba siendo gobernado por Los Zetas, quienes extorsionaban a los familiares de los reos para evitar el asesinato o golpes entre internos.

Además de las extorsiones, se mencionaba que había complicidad entre autoridades, quienes pasaban por alto la obtención más de 15 millones de pesos por el cobro de cuotas, venta de drogas, funcionamiento de negocios, cuyos fines era el financiar la guerra del narco.

Toda esta información fue gracias a la publicación del libro “Prisión y familia: retos para cohesión social y el desarrollo del siglo XXI”, publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde redactaban la tragedia que viven los familiares de los reos.

Por otro lado, las advertencias de las organizaciones de los derechos humanos, mencionaban que las cárceles se estaban volviendo en una bomba de tiempo, debido a la coexistencia de reos por crimen organizado y reos por delitos comunes.

En cambio, los militares mencionaron que cinco millones de los ingresos de Los Zetas, iban directamente para custodios, jefes de guardia, comisarios, incluso se especuló que se beneficiaba a la Secretaría de Seguridad Pública.

Ante dichas situaciones, se exigía la organización del penal por los siguientes puntos:

El penal tiene la capacidad de albergar hasta 2,500 reos, sin embargo, tenía un total de 3,900 reclusos.

El penal estaba siendo gobernado por Los Zetas, debido a la falta de autoridades penitenciarias, pues cada guardia debía de vigilar por lo menos a 100 reos.

Cada nuevo interno, debía de pagar la cantidad de 1,500 pesos semanales o 50 mil mensuales, dicho pago les aseguraba no ser víctima de violencia dentro del penal, pero esta no era la única manera de sobrevivir, pues los narcos controlaban la venta de drogas, la comida, espacios para dormir y hasta el agua.
Fue hasta la semana pasada que gracias a la masacre de 49 reos dentro del penal, el gobernador Jaime ‘El Bronco’ Rodríguez, solicitó el traslado de distintos reos a cárceles federales.

 

Con información de SDP Noticias.